La forma en que alimentamos a los bebés al inicio de la vida es una decisión profundamente personal, pero también está influida por el entorno social, sanitario y comercial. Idealmente, las familias deberían tomar esta decisión basándose en información objetiva proporcionada por profesionales de la salud libres de conflictos de interés. Sin embargo, en la práctica, muchas enfrentan un entorno saturado de mensajes comerciales diseñados para influir en sus emociones, percepciones e inseguridades.
Ese es el eje del informe 2026 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF sobre la implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Su mensaje es claro: el marketing de fórmulas infantiles continúa interfiriendo en la lactancia materna, y muchos países aún no han desarrollado mecanismos lo suficientemente robustos para proteger a las familias.
Esto no implica desconocer que existen circunstancias médicas, sociales o personales en las que los sucedáneos de la leche materna pueden ser necesarios. El problema no es su existencia, sino la forma en que se promocionan. Cuando la alimentación infantil se convierte en un mercado altamente competitivo, quienes quedan más expuestos a su influencia son precisamente las familias en situaciones de mayor vulnerabilidad: madres jóvenes, personas con escaso apoyo social, familias agotadas por las exigencias del posparto y cuidadores enfrentados a la incertidumbre del cuidado neonatal.
El Código Internacional fue adoptado en 1981 como respuesta a prácticas de marketing agresivas que promovían de manera engañosa productos que reemplazaban la lactancia materna, incluso en contextos en los que su uso podía representar riesgos para la salud. Más de cuatro décadas después, el problema no ha desaparecido; simplemente ha evolucionado y se ha sofisticado.
El informe muestra que el 78% de los países miembros de la OMS cuentan con alguna legislación relacionada con el Código. A primera vista, esta cifra parece alentadora. Sin embargo, una mirada más detallada revela limitaciones importantes. Solo el 38% de los países posee normativas ampliamente alineadas con las recomendaciones internacionales o un nivel moderado de implementación efectiva. En cambio, más de la mitad mantiene regulaciones parciales o carece directamente de una protección legal relevante (ver imagen).
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La cobertura integral sigue siendo excepcional. Apenas 34 de los 196 países regulan de manera completa todos los productos que compiten con la lactancia, incluidos las fórmulas para lactantes y niños pequeños, las mamaderas, las tetinas y ciertos alimentos complementarios. Esto es relevante porque la industria suele adaptarse rápidamente a los vacíos regulatorios: si se restringe la publicidad de fórmulas para recién nacidos, la promoción se desplaza hacia productos dirigidos a niños mayores; si se limitan los anuncios tradicionales, emergen estrategias digitales más sofisticadas; si se restringen las imágenes idealizadas, aparecen mensajes pseudocientíficos con apariencia técnica.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la asociación entre la regulación y las tasas de lactancia. En países con una fuerte implementación del Código, la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses alcanza el 54%, frente al 24% en países sin legislación pertinente. Una tendencia similar se observa en la continuidad de la lactancia al año de vida: 81% en contextos con regulación robusta frente a 44% en aquellos con escasa protección.
Aunque estos datos no prueban causalidad directa —ya que múltiples factores influyen en la lactancia, como las licencias parentales, el acceso al apoyo clínico, las desigualdades sociales y las normas culturales—, el patrón es consistente: cuando disminuye la presión comercial, la lactancia parece fortalecerse.
El informe también evidencia importantes debilidades regulatorias específicas. Si bien 129 países prohíben las imágenes idealizadas en los envases, solo 77 restringen las declaraciones nutricionales o de salud potencialmente engañosas. Apenas 35 prohíben regalos a profesionales sanitarios, solo 24 restringen el patrocinio de reuniones científicas, y 56 impiden el suministro gratuito o de bajo costo de estos productos dentro de los sistemas de salud.
Estas cifras son preocupantes porque las decisiones sobre la alimentación infantil rara vez se toman en condiciones ideales. El posparto suele estar marcado por el cansancio, la ansiedad, las dudas sobre la producción de leche, las dificultades de agarre, las interrupciones del sueño y la presión social. En ese contexto, el marketing no vende solo un producto: vende tranquilidad, control y soluciones rápidas. Promete un mejor sueño, un desarrollo cerebral optimizado, una inmunidad fortalecida y una nutrición avanzada, todo ello envuelto en un lenguaje científico cuidadosamente diseñado para persuadir.
La situación se ha vuelto aún más compleja en el entorno digital. Hoy las familias no solo están expuestas a la publicidad tradicional, sino también a anuncios personalizados en redes sociales, recomendaciones de influencers, aplicaciones de maternidad, comunidades virtuales aparentemente neutrales y contenidos diseñados para responder a preocupaciones inmediatas. Una madre que busca información porque su bebé llora mucho o no duerme bien puede terminar expuesta a mensajes comerciales disfrazados de apoyo o de asesoría.
Regular este ecosistema digital representa un desafío considerable. A diferencia de la publicidad convencional, estos mensajes son más difíciles de identificar, más personalizados y mucho menos transparentes. Además, la industria suele oponerse activamente a los intentos regulatorios con argumentos aparentemente razonables: que las familias tienen derecho a informarse, que la publicidad no obliga a nadie, ni siquiera a las familias, o que las fórmulas actuales son seguras.
Estas afirmaciones contienen elementos ciertos, pero omiten una distinción esencial: la publicidad no es información neutral. Su propósito principal no es educar, sino persuadir y vender. Cuando esa persuasión se dirige a personas emocionalmente vulnerables en un período crítico de la vida familiar, surgen interrogantes éticos inevitables.
El informe también plantea una dimensión más profunda: la de los derechos humanos. Proteger la lactancia no es simplemente promover una conducta saludable, sino cumplir obligaciones estatales vinculadas al derecho a la salud, a los derechos de la infancia y al acceso a información veraz.
Esto cambia el foco del debate. No se trata de juzgar decisiones individuales ni de culpabilizar a quienes utilizan la fórmula. Se trata de preguntarse si las familias realmente están decidiendo en condiciones justas, informadas y libres de presiones comerciales indebidas. Una madre que opta por la fórmula tras recibir información influida por intereses comerciales, sin apoyo clínico suficiente o expuesta a mensajes engañosos, no necesariamente está ejerciendo una elección plenamente libre.
La gran lección del informe es que la lactancia no depende exclusivamente de la voluntad individual. Depende también del entorno político, sanitario y comercial que rodea a las familias. Y cuando ese entorno ofrece una mayor protección frente a influencias comerciales indebidas, la lactancia mejora.
Pero la nobleza obliga. Vale la pena dejar claro que los profesionales de la salud no somos ajenos a este tipo de conflictos. Durante años, muchos profesionales de la salud —particularmente en las etapas iniciales de formación y desarrollo profesional— estamos expuestos a apoyos provenientes de la industria de fórmulas infantiles, ya sea en forma de becas, financiamiento para cursos o apoyo para asistir a congresos. Muchas veces, esas colaboraciones se perciben como oportunidades legítimas de formación más que como potenciales fuentes de influencia. Sin embargo, a medida que se profundiza en la comprensión de los conflictos de interés y de cómo estos pueden moldear, incluso de manera sutil, nuestras decisiones clínicas y académicas, muchos optamos por distanciarnos de estos vínculos y adoptar una práctica más independiente y crítica.
En última instancia, esta discusión trasciende la alimentación infantil. Obliga a preguntarnos cuánto permitimos que los intereses comerciales moldeen decisiones profundamente humanas en momentos de vulnerabilidad. Pocas decisiones son tan íntimas —y tan relevantes para la salud pública— como la forma en que alimentamos a nuestros hijos desde el comienzo de la vida.
