Fue en junio de 2016 cuando entró en vigencia la ley 20.606, también conocida como Ley de Alimentos, una normativa pionera en el mundo que aumentaba las exigencias para reducir los niveles de sodio, grasas saturadas y azucares en los alimentos. La implementación de esta ley significó la creación de un sistema de sellos con forma de discos Pare, el cual daría cuenta de aquellos productos que superaran los límites establecidos por el Ministerio de Salud en los mismos empaques. Aquello hizo que también se le conociera como “Ley de Sellos”, aunque también implicaba otras regulaciones.
Así lo explica Fernanda Mediano, investigadora adjunta del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición (CIAPEC), perteneciente al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile. La especialista destaca que esta ley es mucho más que los sellos, ya que también define los límites para el contenido de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías que los alimentos pueden tener para ser considerados no saludables, prohibiendo incluso su venta en ciertos espacios. “Personalmente, me parece que uno de los puntos principales es que estos alimentos no pueden ser vendidos ni entregados al interior de establecimientos educacionales”, plantea Mediano.
Concuerda con esta visión Camila Corvalán, directora del CIAPEC y una de las gestoras de la creación de la ley, quien valora la protección que hace de los niños y niñas en sus entornos escolares mediante la prohibición de promover alimentos poco saludables en estos espacios. “La ley contempla regular estos otros aspectos que a veces no reconocemos como publicidad, pero que lo son. Como es que aparezcan monitos para atraer la atención de los niños o que les invitemos a participar en un concurso. A veces, esas estrategias son igual o más importantes que simplemente pasar la publicidad de un alimento”, señala.
Fueron estos avances los que en 2022 le valieron a Corvalán la entrega del reconocimiento Dr. Nevin S. Scrimshaw, otorgado por la Unión Internacional de Nutrición. Sin embargo, a cerca de siete años de su implementación siguen surgiendo dudas sobre su eficacia y efectividad.
Es por ello que en los últimos años, desde el CIAPEC, han evaluado el impacto que ha tenido esta ley en la población chilena diferencia y en qué aspectos marcó una diferencia. De acuerdo a Camila Corvalán, esta labor les ha permitido tener un positivo balance sobre esta normativa. “Lo que nosotros hemos podido observar es que, efectivamente, hoy día las personas entienden mejor lo que comen. Eso se refleja en un cambio de sus conductas en el momento en que escogen alimentos, especialmente cuando son alimentos nuevos. Cuando me voy a comprar algo nuevo, lo que nosotros vemos es que las personas deciden en base a la presencia de ese sello o no y eso se refleja, en términos generales, en que ha disminuido la venta de alimentos con sello, especialmente de los nutrientes que nosotros queríamos que disminuyeran en la población, que son el sodio, las azúcares y las grasas saturadas”, asegura.
Por otra parte, las especialistas plantean que las restricciones de marketing también han funcionado. Mediano reconoce una mejora significativa, evidenciando cómo hoy las niñas y niños chilenos están expuestos a casi la mitad de la publicidad de alimentos poco saludables comparado con lo que ocurría antes de la implementación de la ley. “Hay estudios que han demostrado que las personas, y los niños en específico, si fueron expuestos a publicidad de alimentos no saludables, esto aumentó su consumo posterior a la exposición a la publicidad. Es por eso que es tremendamente importante restringir la publicidad dirigida a niños”, advierte la investigadora.
Sin embargo, es este componente de prohibición y restricción uno de los aspectos de la ley que también ha provocado cuestionamientos. Frente a esto Carolina Franch, antropóloga social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, considera que más que una restricción están son regulaciones. “Creo que es bueno definir conceptos. Una cosa es restricción y otra cosa es regular lo que habíamos dejado en manos a la industria alimentaria ultra procesada”, plantea la académica.
La profesora Franch aclara que esto no debe interpretarse como una regulación absoluta del Estado, sino que más bien tener un foco especial en elementos que apunten a la calidad de vida. “Yo creo que todo ese contexto lo llevó a ser una discusión seria y a proponer que la industria alimentaria, que además es un agente económico, no regulará lo que hace una buena calidad de vida porque al agente económico le interesa ganar más y el Estado debe incentivar que la población esté sana”, sostiene Franch.
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