En los últimos 20-25 años, la enfermedad celíaca y las alergias alimentarias han aumentado significativamente su frecuencia a nivel global, y también a nivel nacional. De todas estas enfermedades asociadas a la alimentación, solo hay datos de prevalencia en enfermedad celíaca. Ellos indican que el promedio de aumento de frecuencia anual es de 7,5% a nivel mundial. No existen datos sobre alergia alimentaria; sin embargo, a nivel de médicos especialistas, existe consenso que este trastorno se ha transformado en una de las causas más frecuentes de consulta.
La ley 21.362, que modifica la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, permite abordar varios aspectos relacionados a la enfermedad celíaca y las alergias alimentarias. Contribuirá, especialmente, a disminuir el subdiagnóstico y los diagnósticos errados que se producen frecuentemente en estas condiciones. La ley se refiere de manera especial a la comunidad escolar. Indica -entre otras cosas- que “se debe informar y advertir a la comunidad escolar sobre la existencia de diversas patologías relacionadas con enfermedad celíaca, intolerancias y alergias alimentarias”.
Por otro lado, también indica que “los establecimientos de salud pública, establecimientos penitenciarios y casinos y cafeterías que estén dentro o sean parte de alguna institución u organismo de la administración del Estado, deberán contemplar condiciones para la provisión de servicios de alimentación de personas que padezcan enfermedades por intolerancias alimentarias, enfermedad celíaca o alergia alimentaria”.
La nueva ley representa un aporte relevante para los grupos que sufren intolerancias alimentarias, enfermedad celíaca y alergias alimentarias, ya que uno de los factores fundamentales que influyen en el mal manejo de estas condiciones es la desinformación que existe en la comunidad, a todo nivel, incluyendo estudiantes, profesores, profesionales, trabajadores de distintos tipos, etc.
Las exigencias de la ley en relación a informar y advertir a la población sobre estas patologías y trastornos alimentarios, representan un enorme desafío. Será necesario capacitar a los diversos grupos involucrados en el manejo y también a quienes de alguna manera conviven con estos grupos de personas afectadas, de manera que ellos puedan tomar, informadamente, la responsabilidad sobre su propia salud, en un entornos también informado y empático. Aun no se conocen las estrategias que utilizarán las autoridades de salud para cumplir con la ley. La contribución que realicen instituciones académicas como INTA y organizaciones sociales como COACEL (Corporación de Apoyo al Celíaco) será crucial para que se cumplan efectivamente las exigencias de la ley. Así es que pongámonos a trabajar.
